La política arancelaria de Estados Unidos atraviesa su momento más turbulento. El 20 de febrero, la Corte Suprema dictaminó que el presidente no puede utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles, lo que provocó una caída instantánea de la tasa arancelaria efectiva del 14,3% (la más alta desde 1939) al 7,3%.
La respuesta del gobierno. Apenas cuatro días después, la administración giró hacia aranceles bajo la Sección 122, elevando la tasa efectiva al 10,5%, la más alta desde 1943. Esto desencadenó una nueva oleada legal: el 5 de marzo, 24 estados presentaron una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional para bloquear estos nuevos aranceles.
El impacto real. Según el Instituto Kiel, las empresas y consumidores estadounidenses absorben el 96% de los costos arancelarios. El hogar promedio en EE.UU. enfrenta un aumento impositivo estimado de USD 1.500 en 2026 solo por aranceles. Múltiples análisis califican la estrategia arancelaria como un fracaso: los déficits comerciales no se han reducido y la reindustrialización prometida no se ha materializado.
¿Qué significa para los mercados? La incertidumbre legal y política alrededor de los aranceles sigue siendo un factor de riesgo significativo. Las cadenas de suministro globales están bajo presión, y sectores como tecnología, manufactura y retail se ven directamente afectados. Para los inversores, esto implica mayor volatilidad y la necesidad de diversificar exposición geográfica. Las empresas con cadenas de suministro flexibles y menor dependencia del comercio EE.UU.-China podrían verse favorecidas.